Comité de Paz de los pueblos Indígenas

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Encuentro Departamental “Autonomía, participación e incidencia en la política pública de atención y reparación integral para pueblos y comunidades indígenas de Antioquia”

 

Medellín, 7 de septiembre de 2018

En el marco del Encuentro Departamental “Autonomía, participación e incidencia en la política pública de atención y reparación integral para pueblos y comunidades indígenas de Antioquia”, evento convocado por la Organización Indígena de Antioquia y apoyado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las víctimas, la Defensoría del Pueblo, MAPP OEA, ACNUR y Mugarik Gabe, realizado los días 5,6 y 7 de septiembre en la ciudad de Medellín, los delegados indígenas ante las mesas municipales de víctimas de 34 municipios del departamento de Antioquia, entre ellos:
Arboletes, San Juan de Urabá, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Caucasia, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Ituango, Sabanalarga, Segovia, Dabeiba, Frontino, Uramita, Murindó, Vigía del fuerte, Cáceres, El Bagre, Puerto Berrio, Támesis, Valparaíso, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó, Anorí, Remedios, Vegachí, Andes, Ciudad Bolívar, Jardín, Pueblo Rico, Urrao y Medellín, se permiten manifestar:
1. A pesar de que la Honorable Corte Constitucional en 2009, mediante el Auto de seguimiento 004 ordenó al Gobierno Nacional la formulación de 34 planes de salvaguarda y un programa de garantías para garantizar la pervivencia física y cultural de los pueblos en inminente riesgo de exterminio físico y cultural, a la fecha, en particular para los pueblos indígenas de Antioquia, se evidencia un bajo cumplimiento en la implementación de los dichos planes, así como del programa de garantías.
2. Los derechos de la población indígena víctima del conflicto armado aún siguen siendo vulnerados, en tal sentido manifestamos que las poblaciones indígenas se encuentran en riesgo de nuevas situaciones de desplazamiento y confinamiento frente a la nueva ola de violencia generalizada en departamento de Antioquia. En el mismo sentido los representantes ante las mesas de víctimas manifestamos la preocupación por las medidas ineficientes adoptadas frente a la protección de líderes indígenas.
3. Las medidas adoptadas en materia de protección jurídica de los territorios indígenas no han sido eficientes, por el contrario, la barrera institucional no ha permitido el saneamiento, la ampliación y constitución de los resguardos afectados por las dinámicas del conflicto armado y sus factores conexos.
4. La falta de adecuación institucional de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a víctimas se ha convertido en una barrera que impide que la población indígena víctima del conflicto armado del departamento de Antioquia acceda al goce efectivo de derechos. Así mismo, el desconocimiento del decreto 4633 por parte de los funcionarios de las entidades territoriales en Antioquia, ha derivado en la negación al derecho a la participación de los representantes indígenas en las mesas municipales de víctimas y en los Comités de Justicia Transicional.
5. De igual manera expresamos nuestra preocupación por el corto tiempo de vigencia que tiene la ley 1448 y el decreto ley 4633, dado que a 7 años de su expedición gran parte de la población indígena de los pueblos Embera, Senú, Guna Dule y Nutabe de Antioquia aún no han realizado las declaraciones individuales y colectivas y solo un porcentaje pequeño ha iniciado la ruta para la reparación individual y colectiva.
6. Los presentes a este espacio, por consenso decidieron la participación de los delegados ante la mesa departamental de Víctimas y ante el Comité Departamental de Justicia Transicional. Información que será enviada a las entidades competentes para que sean los enlaces regionales legítimos de los pueblos indígenas de Antioquia.

En sentido de las anteriores situaciones, los delegados indígenas ante las mesas municipales de víctimas de los 34 municipios asistentes al encuentro, demandamos:
1. Al Gobierno Nacional, y en especial a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, diseñar de manera concertada un plan de choque urgente para dar cumplimiento a las ordenes emitidas por la Honorable Corte Constitucional en los Autos 004 de 2009 y Auto 266 de 2017. En especial a la Unidad de Antención y Repación Integral para las Víctimas a dar celeridad en la construcción de los planes de reparación colectiva de los pueblos indígenas de Antioquia y se garantice la repación conforme al decreto 4633 de 2011. Y de igual manera a la UARIV a concertar y elaborar  los protocolos de participación indígena en la mesa departamental y en las mesas municipales de víctimas y Comités de Justicia Transicional respectivos. 

2. A las Defensorías del pueblo Regional Antioquia,  Urabá y Chocó a ser exhaustivas en la tarea de acompañamiento y toma de declaraciones colectivas a las comunidades y resguardos indígenas del departamento de Antioquia.
3. A los alcaldes de los respectivos municipios para garantizar las debidas apropiaciones presupuestales y de esta manera dar cumplimiento a las políticas públicas que permitan la reparación de la población víctima del conflicto armado. Así mismo, dar garantías para el derecho a la participación efectiva de los representantes indígenas en las mesas municipales de víctimas y en los Comités de Justicia Transicional y de igual manera a implementar los planes de vida al plan de desarrollo municipal.
4. A los entes de control y al ministerio publico hacer seguimiento a las entidades antes mencionadas frente al cumplimiento de los respectivos planes de acción y su respectiva implementación.

5. A la Unidad Nacional de Protección a brindar las respectivas garantias de protección con enfoque étnico a los lideres y delegados indígenas de las mesas municipales de víctimas y Comités de Justicia Transicional y avanzar en el reconocimiento de la Guardia Indígena como órgano de proteccion colectiva dentro de los territorios indígenas.

6. Finalmente, a los organismos internacionales MAPP OEA y ACNUR a ser garantes frente a la implementación de los distintos planes de acción que permita resarcir los daños ocasionados a los pueblos indígenas de Antioquia.

Representantes Indígenas ante las Mesas Municipales de Víctimas de los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Caucasia, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Ituango, Sabanalarga, Segovia, Dabeiba, Frontino, Uramita, Murindó, Vigía del fuerte, Cáceres, El Bagre, Puerto Berrio, Támesis, Valparaíso, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó, Anorí, Remedios, Vegachí, Andes, Ciudad Bolívar, Jardín, Pueblo Rico, Urrao y Medellín.

Consejería de Derechos Humanos y Paz
Organización Indígena de Antioquia

 
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Primer Encuentro Nacional de la ONIC con el Sistema Integral deVerdad, Justicia,Reparación y No Repetición  SIVJRNR

La Consejería de Derechos Humanos y Paz de la Organización Indígena de Antioquia participó en el primer encuentro Nacional de las organizaciones indígenas con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, que se llevó a cabo los días 9 y 10 de julio de 2018 en la ciudad de Bogotá. En este escenario se analizaron los procesos de incidencia desde el pensamiento indígena en los escenarios de justicia transicional en Colombia, de igual manera se proyectó coordinar apuestas conjuntas en la defensa de la vida, la autonomía, la paz y la pervivencia de los Pueblos Indígenas.

En el evento estuvieron presentes en el panel el Padre Francisco de Roux (Presidente de la Comisión de la Verdad), Patricia Tobón Yagarí (Comisionada de la Comisión del Esclarecimiento, la Verdad y la No Repetición), Luz Marina Monzón (Directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos), Ana Manuela Ochoa y Miller Hormiga (Magistrados Indígenas en la JEP), Luis Fernando Arias Arias (Consejero Mayor de la ONIC), Aida Quilcué Vivas (Consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC), Armando Valbuena (Secretario de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos – Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz) y Marco Romero (Director CODHES). Por la Organización Indígena de Antioquía estuvo presente Tatiana Díaz, asesora jurídica de la Consejería de Derechos Humanos y paz de la OIA.

En este escenario también se revisó el estado actual de los pueblos indígenas en relación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y garantías de no repetición acordado en el marco de los acuerdos de paz.Se esclareció que a la JEP sólo se deben presentar los informes relevantes con hechos perpetrados por las FARC, los cuales pasarán por unos filtros, y de estos se priorizarán algunos casos, el resto no serán investigados ni judicializados. La priorización de casos más emblemáticos dependerá del mayor o menor impacto en las zonas y en la población. Es preciso anotar que la JEP tendrá una duración de 15 años y en este tiempo las organizaciones deberán presentar informes.Respecto a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas se pretende que esta monitoree los lugares donde están las personas desaparecidas para que se proceda a realizar la búsqueda; los comisionados informaron que en caso de que en un territorio indígena existen fosas comunes se realizaran una consulta previa para poder realizar las excavaciones necesarias.

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