Hidroituango: Indígenas sin derechos

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Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas

En Colombia el derecho al territorio de los Pueblos Indígenas cuenta con reconocimiento y protección especiales, tanto dentro de la normatividad nacional – Constitución Política de Colombia, ley 21 de 1991-, como dentro de la normatividad internacional, específicamente referido en el Convenio 169 de la OIT de 1989. Este marco jurídico establece la responsabilidad del Estado colombiano y sus instituciones con miras a garantizar la efectividad de su goce efectivo.

En Colombia el Estado reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales en la figura jurídica de resguardos, les otorga la calidad de propiedad colectiva, y les define una protección constitucional especial, que establece su naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable.


La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su Artículo 26, reza: 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento  respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Colombia, como nación multiétnica y pluricultural, ha establecido que las comunidades indígenas  tienen derecho a  decidir sobre sus territorios. Tal y como lo señala la Corte Constitucional: “sin el reconocimiento del derecho a la tierra, los derechos a la identidad cultural y a la autonomía son  sólo reconocimientos formales” Corte Constitucional Sentencia T-188 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

En Colombia, la propiedad colectiva titulada a pueblos indígenas no puede venderse, ser sometida a gravámenes y a limitaciones de dominio, como tampoco es expropiable por el Estado. Según la Constitución y las normas, los resguardos y los territorios colectivos de comunidades negras son considerados inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, el reconocimiento al derecho de propiedad colectiva de las comunidades se otorga previo cumplimiento de la función social de la propiedad, la cual implica obligaciones y a la que como tal le es inherente una función ecológica.
En relación con el territorio, es deber del Estado respetar la importante relación existente entre las culturas y sus valores espirituales con las tierras o territorios, en especial los aspectos colectivos que en dicha relación representa la totalidad del
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.
Es así como el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan estos pueblos implica además el deber de tomar medidas para salvaguardar el derecho a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido ancestralmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia; adicionalmente, respetar las modalidades de transmisión de los derechos de propiedad sobre la tierra que han sido establecidas por dichos pueblos.
En este sentido, el Estado debe tomar las medidas necesarias para determinar las tierras ocupadas y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Además, deben establecerse procedimientos adecuados para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por estos pueblos. Al mismo tiempo, mediante los programas agrarios deben garantizarse las condiciones para la asignación de tierras tradicionales, cuando las que dispongan sean insuficientes para garantizar los
elementos de su existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico.

Finalmente, el Convenio 169 de la OIT consagra que a pesar de estar establecido que los pueblos interesados no deberán ser traslados de las tierras que ocupan, cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación se consideren necesarios, sólo deberán
efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. En todo caso, estos pueblos tienen el derecho de regresar a sus tierras tradicionales cuando dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. Si esto no fuere posible, tienen derecho a recibir indemnización por cualquier pérdida o daño sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 

Artículo 10. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.
Artículo 29. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

 

Este megaproyecto está en el área de influencia de 10 municipios del norte antioqueño, los cuales son: Briceño, Buriticá, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Valdivia, Yarumal y Santa Fe de Antioquia.

A raíz de la emergencia ocasionada desde diversos sectores sociales han surgido varios cuestionamientos respecto a este megaproyecto.

¿Por qué no se previó las afectaciones a los municipios aguas arriba del proyecto?

¿Por qué no se da la información completa?

¿Por qué se aceleró el llenado de la presa si en el cronograma del proyecto este proceso solo se haría en el mes de Julio?

¿Qué es lo que oculta la interventora, Epm y los primeros mandatarios desde Medellín?

¿se trata de encubrir las fosas comunes que se encuentran en este sector y fueron atiborradas con muertos procedentes de las masacres del Aro, las Mieles, etc.?

Ante estos interrogantes, la Organización Indígena de Antioquia, realizó el pasado 31 de mayo de 2018 el conversatorio, Hidoroituango: Indígenas sin derechos, en este espacio estuvieron presentes varias organizaciones de pescadores y barequeros, el colectivo Rios Vivos, docentes de la Universidad Nacional del Colombia y las comunidades indígenas del pueblo Senú afectadas por la emergencia.

En el evento quedaron manifiestas grandes preocupaciones, entre estas las amenazas realizadas a la población civil para que estos no informen a los medios de comunicación sobre la situación que se presenta en la zona y desde luego el asesinato del que ha sido victimas varios líderes sociales del área de influencia de Hidroituango.

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