Boletín 20 de mayo 2018

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Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas

En Colombia el derecho al territorio de los Pueblos Indígenas cuenta con reconocimiento y protección especiales, tanto dentro de la normatividad nacional – Constitución Política de Colombia, ley 21 de 1991-, como dentro de la normatividad internacional, específicamente referido en el Convenio 169 de la OIT de 1989. Este marco jurídico establece la responsabilidad del Estado colombiano y sus instituciones con miras a garantizar la efectividad de su goce efectivo.

En Colombia el Estado reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales en la figura jurídica de resguardos, les otorga la calidad de propiedad colectiva, y les define una protección constitucional especial, que establece su naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable.

Minga por la Vida, la Protección del Territorio y el Respeto por la Autonomía de los pueblos Indígenas de Antioquia

Ante la grave crisis económica, social y humanitaria que se viene presentando en la región, los pueblos indígenas de Antioquia adelantaron el pasado mes de mayo la “Minga por la Vida, la Protección del Territorio y el Respeto por la Autonomía de los pueblos Indígenas de Antioquia”. Este proceso de movilización social en cual participaron de más de mil indígenas de los pueblos Senú y Embera, contó con el acompañamiento institucional de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Popular de Capacitación, la ONU y MAPP-OEA.

La movilización social que se realizó durante cinco días en el casco urbano del municipio de Cáceres y en los corregimientos de Jardín, Puerto Bélgica y Guarumo, dejó dos mensajes claros, el primero, exigir el respeto por la vida, la protección del territorio y el respeto por la autonomía de los pueblos a los actores armados legales e ilegales, que con su accionar viene poniendo en riesgo la vida y la integridad de la población civil, el segundo mensaje, a los gobiernos departamental y nacional, para que avoquen sus esfuerzos en garantizar las condiciones de vida digna basada en la garantía de los derechos a la educación, la salud, la vivienda, el agua potable, los territorios y soberanía alimentaria, dado que su respuesta institucional ante a las diversas problemáticas sociales que se registran en las comunidades indígenas no han sido suficientes.

Luego de cinco días de movilización social y ante la emergencia desatada por el proyecto Hidroeléctrico Ituango, las autoridades indígenas presentes acordaron dar continuar a la Minga permanente en municipios diferentes a Cáceres y Caucasia dado el riesgo que implicaría el posible desbordamiento del Río Cauca. En tal sentido, las autoridades indígenas, acordaron continuar trabajando sobre la base de 12 puntos que se construyeron de manera colectiva y que se redundarán en el mejoramiento de la calidad de vida de la población indígena de departamento, a saber:

  1. Respeto por la vida y la tranquilidad de nuestras familias y comunidades de los Pueblos Senú y Embera y también de nuestros hermanos y nuestras hermanas, afrodescendientes y campesinas que hemos habitado la región del Bajo Cauca
  2. Que nuestros líderes, nuestras lideresas y autoridades indígenas puedan caminar su territorio sin preocuparse por amenazas a su vida. Que todos los actores del conflicto armado en Colombia respeten al movimiento indígena y sus representantes políticos.
  3. A la Unidad Nacional de Protección –UNP–, construir con la Guardia Indígena las medidas colectivas de protección para líderes, lideresas y comunidades que actualmente sufren una amenaza directa a la vida e integridad personal, familiar y comunitaria.
  4. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas –UARIV– y a la Unidad de Restitución de Tierras –URT– un plan de contingencia que permita concretar avances reales en el cumplimiento de lo definido por el Decreto 4633 de 2011 y acorde al Auto 266 de 2017, sobre la desprotección y desatención y la reincidencia del riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas Senú y Embera, entre otros, en el marco del conflicto armado.
  5. A la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, adelantar los procesos de registro de todas las comunidades indígenas de la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
  6. Al Ministerio de Minas y Energía la suspensión de proyectos minero energéticos que afectan a los territorios indígenas.
  7. A la Agencia Nacional de Tierras –ANT– y a la Gobernación de Antioquia, avanzar en la compra de tierras, saneamiento, ampliación y constitución de resguardos indígenas para los Pueblos Senú y Embera del Bajo Cauca.
  8. A Parques Nacionales Naturales –PNN–, la garantía de los derechos territoriales y la Consulta Previa Libre e Informada de las comunidades Senú, afrodescendientes y campesinas, que han habitado tradicionalmente la Serranía de San Lucas, que pretenden declararla como área protegida nacional.
  9. A Hidroituango, EPM y Gobernación de Antioquia, que construyan con las comunidades un plan de atención de la emergencia y compensación de los daños ocasionados de los derechos del Río Cauca y de las comunidades aguas abajo del proyecto hidroeléctrico, siempre que permitan que el río pueda seguir su cauce natural. Nos solidarizamos y respaldamos a las comunidades campesinas, indígenas y afros que están siendo amenazadas y afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico del río Cauca Hidroituango. Nuestra Guardia Indígena de todas las comunidades de la zona está a disposición para las medidas de atención de emergencia de la actual situación, en caso de ser necesario.
  10. Al Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental, el mejoramiento y dotación de la infraestructura y legalización de centros educativos indígenas en el marco de una Educación indígena propia que incluya el nombramiento de los docentes indígenas en propiedad, que permitan atender a la población escolar indígena del Bajo Cauca antioqueño.
  11. A la Agencia de Renovación del Territorio ART que garantice la aplicación de estrategias diferenciales para la inclusión de la perspectiva étnica en la formulación e implementación del PDET en la zona, en el marco del Acuerdo Final de Paz.
  12. La instalación de una Mesa Permanente de Trabajo conjunto entre instituciones competentes del Estado del orden nacional, regional y local y representantes de las comunidades indígenas del Bajo Cauca antioqueño, en la cual sean garantes y acompañantes la Defensoría del Pueblo, la ACNUR, la ONU y MAPP-OEA.

Organización Indígena de Antioquia

En Unidad y Resistencia, OIA somos todos

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