Minga por la Vida y la protección del territorio

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De acuerdo al informe de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Antioquia presentado en 2018, entre los años 1982 y 2018 se han presentado 550 hechos victimizantes de vulneración de derechos humanos, entre los que se destacan 110 desplazamientos, 182 homicidios de población indígena, 21 desapariciones forzadas, 55 delitos contra la integridad sexual, 12 casos de tortura y 32 casos de reclutamiento forzado.

Los pueblos Embera, Guna Dule y Senú Antioquia hacen parte de los pueblos indígenas que la Corte Constitucional Colombiana mencionan en el Auto 004 de 2009, como pueblos en riesgo de inminente exterminio físico y cultural por causa del conflicto armado.

El efecto de estos victimizantes ha trascendido del simple daño individual a una afectación colectiva, manifestándose en la ruptura de la unidad social de las comunidades, en el deterioro y la desintegración social, en la pérdida de la autonomía del El efecto de estos victimizantes ha trascendido del simple daño individual a una afectación colectiva, manifestándose en la ruptura de la unidad social de las comunidades, en el deterioro y la desintegración social, en la pérdida de la autonomía del gobierno propio y en el despojo de la tierra que es la base biológica, cultural y espiritual de los pueblos indígenas de Antioquia.  

Una historia después del acuerdo de Paz

En el año 2016 el Gobierno colombiano firmó la dejación de armas con la guerrilla de las farc, sin embargo, en el país han surgido nuevas dinámicas de violencia, reflejadas en el accionar, expansión y reconfiguración de las disidencias, los grupos armados no estatales y grupos armados post desmovilización. El impacto humanitario ha venido acrecentándose especialmente en zonas rurales en condiciones de vulnerabilidad.

La situación que se registra es grave, tanto así que la Defensoría del Pueblo en el mes de marzo de 2017, manifestó que de 31 municipios de Antioquia en los cuales se encuentran asentadas las comunidades indígenas, en doce fueron identificados altos riesgos de desplazamiento, confinamiento y amenazas a líderes indígenas en las regiones del Bajo Cauca, Urabá y Occidente antioqueño.

Una historia que se vive a diario

Las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas siguen siendo una realidad, desde el mes de enero de 2018 toda la subregión del Bajo cauca Antioqueño, que comprende los Municipios de Cáceres, Caucasia, Tarazá, Zaragoza, Nechi y el Bagre, vive el recrudecimiento del conflicto armado, por parte de los actores armados al margen de la ley que se disputan el control territorial, afectando a las comunidades indígenas y ocasionando situaciones de confinamiento y desplazamiento.

Desplazamientos

A principios de 2018, la Organización indígena de Antioquia registró el desplazamiento de 27 familias del pueblo Senú de las comunidades Alto del Tigre y Campanario hacia el casco urbano de Cáceres, estas familias huyeron evitando quedar en medio del fuego cruzado entre actores armados. De igual manera en el primer semestre de 2018 en el municipio de Caucasia se presentaron desplazamientos internos de la comunidad indígena Tigre Dos por amenazas individuales y colectivas.

Confinamiento

En el mes de enero de 2018, 220 familias del pueblo Senú pertenecientes a las comunidades Campanario, Alto el Tigre, Puerto Bélgica, Puerto Santo, Carupia, José de los Santos, Omagá padecieron de confinamiento dado que mediante panfletos, grupos armados manifestaron la prohibición a la circulación y movilidad por el territorio, por varias semanas la población indígena no pudo salir a realizar sus actividades cotidianas de trabajo. Esta situación generó escases de alimentos y puso en alta vulnerabilidad el derecho fundamental a la vida.

Desde el 31 de octubre de 2017, la Organización Indígena de Antioquia, se declaró en Minga Permanente por los incumplimientos del Gobierno Nacional a los acuerdos pactados en las pasadas Mingas Indígenas Nacionales de 2013 y 2016 y por la violencia sistemática que se desató en el territorio colombiano, especialmente en contra de los líderes indígenas, afros y campesinos y defensores de derechos humanos.

Ante la grave crisis económica, social y humanitaria que se viene presentando en la región, los pueblos indígenas de Antioquia adelantaron el pasado mes de mayo la “Minga por la Vida, la Protección del Territorio y el Respeto por la Autonomía de los pueblos Indígenas de Antioquia”. Este proceso de movilización social en cual participaron de más de mil indígenas de los pueblos Senú y Embera, contó con el acompañamiento institucional de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Popular de Capacitación, la ONU y MAPP-OEA.

La movilización social que se realizó durante cinco días en el casco urbano del municipio de Cáceres y en los corregimientos de Jardín, Puerto Bélgica y Guarumo, dejó dos mensajes claros, el primero, exigir el respeto por la vida, la protección del territorio y el respeto por la autonomía de los pueblos a los actores armados legales e ilegales, que con su accionar viene poniendo en riesgo la vida y la integridad de la población civil, el segundo mensaje, a los gobiernos departamental y nacional, para que avoquen sus esfuerzos en garantizar las condiciones de vida digna basada en la garantía de los derechos a la educación, la salud, la vivienda, el agua potable, los territorios y soberanía alimentaria, dado que su respuesta institucional ante a las diversas problemáticas sociales que se registran en las comunidades indígenas no han sido suficientes.

 

Luego de cinco días de movilización social y ante la emergencia desatada por el proyecto Hidroeléctrico Ituango, las autoridades indígenas presentes acordaron dar continuar a la Minga permanente en municipios diferentes a Cáceres y Caucasia dado el riesgo que implicaría el posible desbordamiento del Río Cauca. En tal sentido, las autoridades indígenas, acordaron continuar trabajando sobre la base de 12 puntos que se construyeron de manera colectiva y que se redundarán en el mejoramiento de la calidad de vida de la población indígena de departamento, a saber:

  1. Respeto por la vida y la tranquilidad de nuestras familias y comunidades de los Pueblos Senú y Embera y también de nuestros hermanos y nuestras hermanas, afrodescendientes y campesinas que hemos habitado la región del Bajo Cauca
  2. Que nuestros líderes, nuestras lideresas y autoridades indígenas puedan caminar su territorio sin preocuparse por amenazas a su vida. Que todos los actores del conflicto armado en Colombia respeten al movimiento indígena y sus representantes políticos.
  3. A la Unidad Nacional de Protección –UNP–, construir con la Guardia Indígena las medidas colectivas de protección para líderes, lideresas y comunidades que actualmente sufren una amenaza directa a la vida e integridad personal, familiar y comunitaria.
  4. A la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas –UARIV– y a la Unidad de Restitución de Tierras –URT– un plan de contingencia que permita concretar avances reales en el cumplimiento de lo definido por el Decreto 4633 de 2011 y acorde al Auto 266 de 2017, sobre la desprotección y desatención y la reincidencia del riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas Senú y Embera, entre otros, en el marco del conflicto armado.
  5. A la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, adelantar los procesos de registro de todas las comunidades indígenas de la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
  6. Al Ministerio de Minas y Energía la suspensión de proyectos minero energéticos que afectan a los territorios indígenas.
  7. A la Agencia Nacional de Tierras –ANT– y a la Gobernación de Antioquia, avanzar en la compra de tierras, saneamiento, ampliación y constitución de resguardos indígenas para los Pueblos Senú y Embera del Bajo Cauca.
  8. A Parques Nacionales Naturales –PNN–, la garantía de los derechos territoriales y la Consulta Previa Libre e Informada de las comunidades Senú, afrodescendientes y campesinas, que han habitado tradicionalmente la Serranía de San Lucas, que pretenden declararla como área protegida nacional.
  9. A Hidroituango, EPM y Gobernación de Antioquia, que construyan con las comunidades un plan de atención de la emergencia y compensación de los daños ocasionados de los derechos del Río Cauca y de las comunidades aguas abajo del proyecto hidroeléctrico, siempre que permitan que el río pueda seguir su cauce natural. Nos solidarizamos y respaldamos a las comunidades campesinas, indígenas y afros que están siendo amenazadas y afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico del río Cauca Hidroituango. Nuestra Guardia Indígena de todas las comunidades de la zona está a disposición para las medidas de atención de emergencia de la actual situación, en caso de ser necesario.
  10. Al Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental, el mejoramiento y dotación de la infraestructura y legalización de centros educativos indígenas en el marco de una Educación indígena propia que incluya el nombramiento de los docentes indígenas en propiedad, que permitan atender a la población escolar indígena del Bajo Cauca antioqueño.
  11. A la Agencia de Renovación del Territorio ART que garantice la aplicación de estrategias diferenciales para la inclusión de la perspectiva étnica en la formulación e implementación del PDET en la zona, en el marco del Acuerdo Final de Paz.
  12. La instalación de una Mesa Permanente de Trabajo conjunto entre instituciones competentes del Estado del orden nacional, regional y local y representantes de las comunidades indígenas del Bajo Cauca antioqueño, en la cual sean garantes y acompañantes la Defensoría del Pueblo, la ACNUR, la ONU y MAPP-OEA.

Organización Indígena de Antioquia

En Unidad y Resistencia, OIA somos todos

Desde el mes de abril de 2018, la Organización Indígena de Antioquia, se declaró en Minga Permanente, ante  los incumplimientos del Gobierno Nacional a los acuerdos pactados en las pasadas Mingas Indígenas Nacionales de 2013 y 2016 y por la violencia sistemática que desatada en los territorios, especialmente en contra de los líderes indígenas, afros y campesinos y defensores de derechos humanos.

 

 

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